Durante la investidura de la consejera de Estado Gloria María Gómez Montoya, el presidente Gustavo Petro de Colombia hizo una enérgica declaración en defensa de los derechos políticos fundamentales. En un discurso resonante, Petro subrayó la necesidad de preservar el derecho a elegir, ser elegido y participar en igualdad de condiciones con el Estado, destacando su importancia para el tejido social.
Sin embargo, fue su denuncia sobre la inhabilitación de María Corina Machado en Venezuela lo que generó mayor impacto. Petro comparó el caso de Machado con las dificultades que él mismo enfrentó en Colombia, enfatizando la vulneración de los derechos políticos que ambos experimentaron.
Machado, reconocida como una de las principales opositoras al régimen de Maduro, fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Venezuela para ejercer cargos públicos durante 15 años. Este acto, según Petro, refleja un patrón preocupante de utilización de la administración pública para restringir los derechos políticos de los ciudadanos, socavando los principios democráticos fundamentales.
El presidente colombiano instó a reflexionar sobre la doble moral en el tratamiento de estos casos, señalando la necesidad de abordar los problemas similares que existen en Colombia y en otros países de la región. Además, hizo un llamado a defender los derechos políticos en su totalidad y a ampliar la discusión para incluir otros aspectos fundamentales, como los derechos de la mujer, la protección del medio ambiente y los derechos sociales y culturales.
En respuesta a su inhabilitación, Machado ha delegado la responsabilidad a la historiadora Corina Yoris, postulándola como aspirante a candidata para enfrentar al chavismo en Venezuela. Sin embargo, Yoris ha denunciado trabas para inscribirse en las elecciones, destacando los obstáculos que persisten en el camino hacia la participación política plena y equitativa.
El caso de María Corina Machado sirve como un recordatorio de los desafíos que enfrentan aquellos que buscan ejercer sus derechos políticos en entornos donde la administración pública se convierte en una herramienta de coerción política. La denuncia de Petro destaca la importancia de proteger estos derechos como base de una sociedad democrática y justa.
