En un contundente comunicado emitido en la mañana de hoy, el grupo Keralty, líder en el sector de la salud y controlador de la EPS Sanitas, expresó su firme oposición a la reciente decisión de la Superintendencia de Salud de intervenir en la gestión de la entidad. Esta medida ha desatado una controversia sin precedentes en el ámbito de la salud en Colombia.
Con 43 años de experiencia en el sector, Keralty calificó la intervención como “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”, argumentando que la Superintendencia pasó por alto el plan de reorganización institucional presentado por EPS Sanitas en diciembre de 2023. Además, señaló que la situación financiera de la EPS ha sido exacerbada por las políticas gubernamentales, especialmente en temas cruciales como la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el incumplimiento en el reconocimiento de la deuda acumulada.
La falta de análisis por parte del Gobierno en estas cuestiones esenciales ha llevado a una situación insostenible para EPS Sanitas, según Keralty. El grupo asegura que ha comunicado repetidamente estas problemáticas a diversas autoridades del sector, sin obtener soluciones satisfactorias.
Además, Keralty desmintió el supuesto número de quejas excesivas contra la EPS, indicando que su indicador es similar al de otras entidades del sector. Sin embargo, reconocieron que solo el 15% de las quejas presentadas en diciembre de 2023 fueron atendidas y resueltas por Sanitas, lo que refleja un incumplimiento de las órdenes emitidas por la Superintendencia de Salud.
En cuanto a las reservas técnicas, Keralty destacó que la EPS cuenta con inversiones por más de 800 mil millones de pesos, lo que garantiza suficientes reservas técnicas para operar adecuadamente.
Sin embargo, la Superintendencia de Salud ha emitido una resolución detallando las fallas de EPS Sanitas que llevaron a la intervención. Según el informe, la EPS ha incumplido con indicadores clave desde diciembre de 2021, incluyendo el régimen de inversiones para reservas técnicas y la equidad adecuada. Además, la deuda acumulada y el aumento significativo de denuncias durante el año 2023 han puesto en riesgo la prestación del servicio a los afiliados.
El abogado John Alexander Pinzón, experto en derecho procesal, señaló que la Superintendencia de Salud está facultada para intervenir en EPS cuando las reservas decaen. Destacó que Sanitas enfrentará un proceso crucial para demostrar que sus reservas no están por debajo de lo indicado por la Superintendencia.
En conclusión, la intervención de EPS Sanitas ha generado una profunda preocupación en el sector de la salud en Colombia. Mientras Keralty anuncia acciones legales para recuperar la administración de la EPS, la Superintendencia de Salud busca garantizar la sostenibilidad y calidad en la prestación de servicios de salud para los millones de afiliados.
