Por: Carlos Villota Santa Cruz
21 de junio.
5:35 de la tarde.
Con el 75 % de las mesas escrutadas, el país entero contiene la respiración. Las pantallas de los noticieros parpadean cifras que pocos creían posibles. En los comandos de campaña reina un silencio denso, pesado, casi funerario. La derecha, atrincherada en sus cuarteles políticos, revisa una y otra vez los resultados por regiones, buscando un error, una esperanza, una explicación capaz de cambiar lo inevitable. Pero las cartas ya estarán echadas.
Esa noche, Colombia comenzará a entrar en una nueva etapa de su historia. Una para la que muchos no estarán preparados.
El miedo no llegará de manera gradual; irrumpirá de golpe. La oposición quedará sumida en un estado de desconcierto y letargo del que tardará años en recuperarse. Millones de ciudadanos que aún creen en la libertad económica, la propiedad privada y las instituciones sentirán que el país les ha soltado la mano. La democracia, herida y debilitada, entrará en cuidados intensivos mientras el nuevo poder avanza sobre cada espacio de control institucional.
En los hogares comenzará una conversación silenciosa: quedarse o irse.
Las familias de clase media y alta empezarán a replantear su futuro. Profesionales, empresarios, comerciantes y trabajadores entenderán que el reloj corre en su contra antes del 7 de agosto. Muchos intentarán proteger lo poco o mucho que han construido durante años; otros simplemente buscarán sobrevivir a lo que viene.
Las pequeñas y medianas empresas volverán a mirar sus balances con angustia. Los rumores sobre controles de precios, restricciones cambiarias y reformas agresivas comenzarán a paralizar inversiones y consumo. La inflación dejará de ser una preocupación económica para convertirse en una amenaza cotidiana. El dinero perderá valor más rápido de lo que las familias podrán recuperarlo. El mercado interno se encogerá y, con él, desaparecerán miles de empleos.
Los grandes empresarios evaluarán escenarios de emergencia ante posibles aumentos tributarios, nuevas cargas fiscales y reformas estructurales que pondrán en jaque la inversión privada. Las multinacionales enfrentarán un entorno hostil, marcado por discursos de intervención estatal y temores de nacionalización.
Mientras tanto, el gobierno saliente vivirá sus últimas semanas sin una oposición capaz de reaccionar. El control político quedará reducido a ruinas y el país observará cómo el equilibrio institucional se desvanece frente a sus ojos.
La clase media será una de las grandes víctimas. Muchos intentarán sacar sus ahorros hacia monedas fuertes o cuentas en el exterior para protegerse de una posible hiperinflación. Los salarios perderán poder adquisitivo de manera brutal. Profesionales que antes vivían con estabilidad pasarán a sobrevivir mes a mes.
La hiperinflación terminará pulverizando a la clase media tradicional. Miles de familias dependerán de remesas enviadas desde el extranjero, trabajos informales o ingresos precarios. Tener empleo ya no significará vivir con dignidad.
Quienes hayan invertido sus ahorros en propiedades o tierras tampoco estarán a salvo. El temor a controles sobre arriendos, congelamientos de precios y restricciones a desalojos hará colapsar el valor de los inmuebles. La inversión inmobiliaria dejará de ser un refugio para convertirse en una carga. El fantasma de la expropiación comenzará a recorrer el país como una amenaza constante.
Incluso quienes hoy creen tener estabilidad descubrirán que dependen de un sistema cada vez más frágil. Los altos ingresos ya no garantizarán tranquilidad. Bastará una moneda destruida y un mercado intervenido para cambiar radicalmente su forma de vida.
Los pensionados y adultos mayores tampoco escaparán al deterioro. La devaluación acelerada consumirá el valor de sus pensiones. Muchos ancianos deberán volver a trabajar en la informalidad o depender de familiares en el exterior para subsistir. Después de toda una vida de esfuerzo, enfrentarán la incertidumbre y el abandono.
Y mientras la economía se deteriora, el sistema de salud terminará de colapsar.
Las EPS se volverán cada vez más inoperantes. El desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos alcanzará niveles alarmantes. Hospitales sin recursos, tratamientos suspendidos y pacientes esperando atención en medio del caos se convertirán en escenas habituales. Enfermedades antes controladas volverán a cobrar vidas. Los pacientes paliativos sufrirán primero, pero no serán los únicos: también aumentarán las muertes maternas e infantiles.
Entonces Colombia despertará demasiado tarde.
Porque las naciones no se destruyen de un día para otro. Se deterioran lentamente, entre discursos seductores, falsas promesas y decisiones tomadas en las urnas sin medir sus consecuencias.
Y cuando la realidad finalmente golpee la puerta, ya no habrá discursos capaces de devolver el tiempo perdido.
La inseguridad comenzará a reinar en las calles. Lo que antes escandalizaba al país entero irá dejando de sorprender. Poco a poco, el miedo se convertirá en costumbre y la violencia terminará formando parte del paisaje cotidiano. Habrá reformas apresuradas, eliminación de leyes y cambios institucionales que transformarán silenciosamente la estructura del Estado, mientras un Senado cada vez más infiltrado y una oposición desgastada serán incapaces de contener el avance del nuevo poder.
La corrupción caminará campante por las instituciones.
Los escándalos dejarán de producir indignación para convertirse en resignación. El ciudadano común aprenderá a convivir con la impunidad como si fuera un elemento inevitable de la vida nacional. Mientras tanto, la seguridad se deteriorará hasta límites impensables: salir a la calle será una incertidumbre diaria, el comercio vivirá bajo amenaza y las familias aprenderán a encerrarse temprano por temor.
Los grupos armados y las organizaciones criminales comenzarán a moverse con una tranquilidad alarmante, como dueños silenciosos de regiones enteras. Allí donde antes había autoridad, ahora habrá pactos oscuros, permisividad y miedo. Las cárceles dejarán de estar hacinadas, no porque el crimen desaparezca, sino porque el Estado perderá la voluntad de enfrentarlo con firmeza.
Y entonces, más temprano que tarde, Colombia despertará atrapada en una realidad que parecerá una pesadilla. Una de esas tragedias que siempre creímos ajenas, reservadas para otros países, para otros pueblos… hasta que finalmente llegan a la puerta de nuestra propia casa.
Y no será únicamente la economía la que se derrumbe. También comenzará a apagarse lentamente la vida cotidiana, esa que durante años parecía normal y garantizada.
El esparcimiento se volverá un lujo.
Los hobbies, los viajes, las salidas a comer, ir al cine, practicar deporte o simplemente compartir un fin de semana en familia dejarán de ser parte de la rutina de millones de personas. Poco a poco, todas esas actividades quedarán reservadas para una pequeña élite capaz de seguir pagándolas, mientras el resto del país aprende a sobrevivir con lo mínimo.
Y será allí donde la cadena finalmente se romperá.
Porque una nación no colapsa únicamente cuando cierran los bancos o cae la bolsa. También colapsa cuando la gente deja de consumir, cuando las calles pierden movimiento y cuando el ciudadano común ya no puede darse un respiro después de trabajar toda la semana.
El día en que los restaurantes empiecen a vaciarse, los gimnasios pierdan clientes, los bares apaguen sus luces más temprano y los teatros queden con sillas vacías, comenzará el verdadero deterioro social. Los pequeños empresarios, agotados y sin liquidez, no tendrán otra opción que despedir empleados. Miles de familias perderán su sustento mientras el desempleo avanza silenciosamente, barrio tras barrio.
Entonces tomar un taxi o un Uber será un gasto que muchos ya no podrán permitirse. Viajar será un privilegio lejano. Comprar ropa, cambiar el celular o salir a celebrar un cumpleaños se convertirá en decisiones difíciles. El dinero alcanzará cada vez menos. Los salarios perderán valor casi de inmediato y la sensación de pobreza empezará a extenderse incluso entre quienes alguna vez creyeron pertenecer a una clase estable.
Porque cuando la moneda pierde fuerza, también la pierde la esperanza.
Y así, casi sin darse cuenta, el país irá entrando en una espiral donde trabajar más ya no significará vivir mejor. El esfuerzo dejará de tener recompensa visible. La frustración crecerá en silencio dentro de hogares cansados de resistir, mientras generaciones enteras verán cómo los sueños que parecían posibles empiezan a desaparecer uno por uno.
Ese será el verdadero rostro de la crisis: no solo el colapso de las cifras, sino el desgaste emocional de un pueblo que comienza a perder la posibilidad de vivir con tranquilidad, de disfrutar su tiempo, de proyectar un futuro y de creer nuevamente en su país.
Colombia será una autocracia
Por eso estas elecciones no serán unas elecciones más.
No será momento para la indiferencia ni para el conformismo cómodo del “todos son iguales”, del “yo soy apolítico” o del “ya construí mi estabilidad y nada me afectará”. Porque cuando una nación entra en una crisis profunda, nadie permanece verdaderamente a salvo. La historia ha demostrado que el deterioro termina alcanzando incluso a quienes creían estar protegidos.
Colombia necesita ciudadanos conscientes de la gravedad del momento histórico que enfrenta. Necesita personas capaces de entender que el voto no es un trámite, sino una responsabilidad con las futuras generaciones. Tenemos ejemplos demasiado cercanos, demasiados espejos alrededor del continente como para fingir que aquí jamás podría ocurrir lo mismo.
Este no es tiempo para dejar el futuro del país en manos del azar, del “veremos qué pasa” o del “Dios proveerá”. Las naciones no sobreviven únicamente por esperanza; sobreviven cuando sus ciudadanos deciden defenderlas.
*Y quizá, dentro de algunos años, cuando nuestros hijos pregunten qué hicimos en el momento más crítico de Colombia, solo existirán dos respuestas posibles:
nos quedamos observando…
o tuvimos el valor de actuar cuando todavía había tiempo.*
