Por George Castro, Líder de la comunidad colombiana en New Jersey (Estados Unidos). Empresario
Faltan menos de 7 semanas para el 7 de agosto de 2026. En términos administrativos es el tiempo del empalme, no del anuncio. En términos políticos, para el Gobierno del presidente Gustavo Petro se está convirtiendo en el tiempo de los nombramientos y la “reparación de contratos”.
1. Lo que está ocurriendo: velocidad al cierre
En Cancillería hay una “cascada de nombramientos en provisionalidad” a 36 días de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Dos casos recientes: Elvira de las Mercedes Salazar a Nueva Loja, Ecuador, y Wilmar Díaz Zapata a Barquisimeto, Venezuela, ambos por fuera de la carrera diplomática.
En el Ministerio de Justicia, según denuncias públicas, se adjudicaron 53 notarías y 52 habrían sido asignadas sin concurso, de forma discrecional, a personas cercanas al Gobierno.
Paralelo a eso, el Ejecutivo impulsó un decreto para eliminar los requisitos de experiencia a embajadores y cónsules generales. Solo se pediría ser colombiano por nacimiento y mayor de 25 años. Petro lo defendió: “Los mismos requisitos para ser ministro, son para ser embajador”.
2. La contradicción con el discurso fundacional
El “Gobierno del cambio” llegó con una promesa explícita: acabar con el clientelismo. “Las embajadas y consulados no pueden seguir siendo el botín de los amigos de la clase política”, dijo Petro en campaña.
Los datos, sin embargo, muestran otra tendencia. De las 79 misiones en el exterior, 46 son lideradas por personas no pertenecientes a la carrera diplomática. Solo 26 embajadores de carrera ejercen el cargo. La justicia ya ha tumbado cerca de 45 nombramientos diplomáticos por no cumplir requisitos.
Nombrar ahora, con el reloj corriendo, refuerza la percepción de que el mérito quedó en segundo lugar frente a la lealtad política.
3. El costo: fiscal e institucional
Cada nombramiento en el exterior implica pasajes, viáticos y transporte de menaje pagados con presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Abrir 10 nuevas embajadas y 3 consulados tiene un costo de instalación de $19.513 millones y una proyección anual de $51.374 millones solo en sueldos.
Ocurre en paralelo a un decreto que recorta la prima de los congresistas por “déficit fiscal”. El mensaje que queda es de doble estándar: ajuste para unos, expansión de planta para otros, y todo a destiempo.
4. El daño a la administración pública
Una administración pública sana se sostiene en tres pilares: mérito, continuidad y planeación. Los nombramientos exprés a 7 semanas los golpean los tres.
Mérito: La carrera diplomática y el concurso notarial existen para blindar el servicio de la política. Eludirlos en el cierre envía la señal de que esos mecanismos son prescindibles.
Continuidad: Un consulado no es un premio. Atiende repatriaciones, protege connacionales, expide documentos. Llegar sin experiencia a 30 días de un cambio de gobierno pone en riesgo ese servicio.
Empalme: El equipo de transición de De la Espriella pidió suspender los nombramientos. La respuesta de Petro fue tajante: “su gobierno se acaba el 6 de agosto a las 12 de la noche”. El resultado: el empalme se judicializa. El entrante ya anunció un “grupo élite anticorrupción” para revisar la administración saliente.
5. La conclusión
Legalmente, el presidente puede nombrar hasta el último minuto. Políticamente, hacerlo a menos de 7 semanas no es gobernar: es amarrar.
Si el propósito era “reparar contratos” entendidos como saldar deudas políticas, el costo lo paga la institucionalidad. Se normaliza la idea de que el Estado es un botín de fin de periodo, no una carrera de servicio público.
El legado de un gobierno no se mide solo por las reformas que aprobó, sino por la manera como entregó el Estado. Y entregar el Estado con la nómina acelerada, sin concursos y con requisitos a la baja, es dejarle al país una administración más frágil, más costosa y menos técnica.
Condenamos con firmeza la ola de contratos del Gobierno Petro a pocas semanas de dejar la Casa de Nariño: usar el poder para repartirse el Estado en su despedida es traicionar el mandato y deshonrar la democracia.
